República de Colombia

Corte Constitucional

Presidencia

Oficina de Comunicaciones

 

Boletín de noticias 14 de mayo de 2012

 

EL TIEMPO

 

'NOS ESTÁN PASANDO CUENTA DE COBRO': PRESIDENTE DE SALA DISCIPLINARIA

 

Así lo expresó el magistrado del Consejo de la Judicatura, Angelino Lizcano.

Dos batallas le quedan al Consejo Superior de la Judicatura para tratar de mantener la vida institucional en el Estado colombiano.

Serán en las dos últimas votaciones del proyecto de reforma a la Justicia que hace trámite en el Congreso de la República

Sus magistrados parecen dispuestos a dar la pelea. Eso es lo que dejan entrever las declaraciones del presidente de la Sala Disciplinaria de ese alto tribunal, magistrado Angelino Lizcano, quien asegura sin rodeos que con el proyecto de reforma la a Justicia, "pareciera que le quisieran pasar una cuenta de cobro a una institución que viene haciendo la tarea".

"La eliminación del Consejo Superior de la Judicatura resquebraja el Estado Social de Derecho y no garantiza que los ciudadanos puedan acceder a la Justicia", añadió Lizcano al ser consultado.

La eliminación del Consejo Superior de la Judicatura ha estado latente en los últimos 10 años. Primero, fue una propuesta de campaña del expresidente Álvaro Uribe, que no se concretó.

Y luego ha sido una propuesta que aparece y desaparece en el proyecto de reforma a la Justicia que el Gobierno presentó el año pasado.

El último argumentó que le ha servido de motor al Gobierno para proponer su eliminación fue la denuncia del fiscal General, Eduardo Montealegre, sobre el uso irregular de actas para posesionar a magistrados y funcionarios, que después habrían obtenido el beneficio de jugosas pensiones.

Frente a esta artillería de argumentos, en los que también se incluyen los escándalos del magistrado José Alfredo Escobar con el polémico Giorgo Sale, y algunas tutelas polémicas en los casos de la 'yidispolítica' y la 'parapolítica'; Lizcano asegura que en 20 años de vida jurídica esta institución "nunca ha tenido la apertura formal de una investigación por corrupción, a pesar de que maneja todo el presupuesto de la rama judicial".

Para el Gobierno, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura podría ser un punto de honor. En el último año, el Ejecutivo y su aplanadora en el Congreso han logrado remover obstáculos que fueron inamovibles para otras administraciones, como la aprobación de una Ley Orgánica de Desarrollo Territorial y la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión.

Frente a esa coyuntura, Lizcano propone un debate basado en las cifras: "Las estadísticas y los resultados que tenemos en el Consejo Superior de la Judicatura no mienten. ¡Revísemos!". Los datos indican que mientras en 1992 se tramitaron 702 procesos contra abogados y funcionarios, en el 2011 fueron 8.268.

"Lo más grave es que si en la actualidad tenemos falencias en la Justicia, cómo será si se elimina esta institución que sí tiene resultados", dice el magistrado.

La visión del Gobierno es diferente y por eso propone la creación de un Consejo Nacional de Administración Judicial, encargado de administrar la rama, y un Consejo Nacional de Disciplina Judicial, encargado de investigar disciplinariamente a magistrados, jueces y empleados judiciales. Incluso, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, amenazó con abandonar el último debate de la reforma a la Justicia, si la plenaria del Senado no aprobaba la eliminación del Consejo de la Judicatura, como en efecto ocurrió.

"No entiendo la postura del Ministro. La respeto, pero no la entiendo. En la primera vuelta del proyecto, el doctor Esguerra entendió que nosotros hacíamos un trabajo importante desde hace muchos años para la rama judicial. No sé por qué en la segunda vuelta cambió de posición. La verdad, en esta propuesta está improvisando", dijo Lizcano.

 

'SI NO SOY REELEGIDO SEGUIRÉ EN LA VIDA PÚBLICA': ALEJANDRO ORDÓÑEZ

 

Por: MARÍA ISABEL RUEDA

 

"El negocio no se acaba con la legalización. La droga que se legalice aumentará en calidad y bajará de precio: aumentará el consumo".

Procurador defiende la reforma, ataca legalización y asegura que desea seguir en la vida pública.

Le ha ido bien a la Procuraduría en las encuestas. Es la segunda institución en confianza de la ciudadanía, después de las Fuerzas Militares, con un 72 por ciento...

Es indudable que la gestión que ha hecho el equipo de la Procuraduría durante estos tres años le ha generado un gran reconocimiento público. Y ha permitido fortalecer la institución.).

 

Aprovechando que la ciudadanía le cree, ¿podría contarnos si la reforma de la justicia es buena, o va a dejar las cosas peores?

 

Con los sobresaltos del proceso, la reforma hoy tiene logros importantes, aunque le reconozco que no es ideal. Me parece que se avanza en cosas como la doble instancia para congresistas, y ello le da mayor legitimidad al Estado. Era un aspecto que incluso los magistrados de la Corte estaban de acuerdo en modificar.

 

¿Es suficiente garantía que las dos instancias se surtan ante la Corte?

 

La intervención de la Sala Plena en esos procesos es una garantía. Y me gusta el diseño que tiene el proyecto para la descongestión.

 

Lo critican mucho dizque porque 'privatiza' la justicia...

 

Hay riesgos, que son los que han señalado sectores, incluido el judicial, pero la congestión y la impunidad deben abordarse con imaginación. Históricamente se había ensayado un mayor presupuesto para la rama y eso, hay que reconocerlo, no funcionó. Los niveles de congestión son cada vez mayores y por ende los niveles de deslegitimación del Estado, por esto, son gigantescos. Que se les otorgue a los abogados y a los notarios esas funciones me parece una contribución importante para lograr la descongestión. (Lea acá: 'Farmaceúticas, las más interesadas en legalizar la droga': Ordóñez).

 

¿Le gusta la eliminación del Consejo de la Judicatura?

 

Las razones que tienen los colombianos para ello son evidentes. Nadie hoy estaría en condiciones para controvertir esa eliminación. Pero también hay riesgos, porque se debe preservar la autonomía de la Rama Judicial, un logro de la Constitución del 91. El diseño de los nuevos órganos debe buscar preservar tal autonomía.

 

¿Uno podía imaginar que vería a magistrados en el Palacio de Nariño abogando por la prolongación de sus períodos? Después critican al expresidente Uribe por haber tramitado su reelección...

 

Más que la prolongación del período y el beneficio que puedan derivar los magistrados, yo no estoy de acuerdo con los períodos en la Rama Judicial.

 

¿Cómo así? ¿Preferiría que los cargos fueran vitalicios?

 

Sí. Soy partidario de la cooptación vitalicia de los altos funcionarios judiciales. Se evitan los riesgos que hoy estamos viendo, como que salgan a ejercer la profesión en temas que lidiaron como magistrados, o a hacer política. Eso no pasaba cuando la administración de justicia estaba blindada con la cooptación vitalicia. También había una gran permanencia de la jurisprudencia, lo cual redundaba en mayor seguridad jurídica (aunque yo me beneficie del actual sistema de nominación). En esto no fue afortunado el Constituyente del 91.

 

Lo he oído también oponerse de manera muy dura a la legalización de las drogas, que el propio presidente Santos ha propuesto discutir. ¿Por qué?

 

Soy enemigo de la legalización de la droga. Primero, porque no es cierto que la guerra contra las drogas se haya perdido.

 

Tampoco se ha ganado...

 

Tampoco. Pero pensando así, tendríamos que legalizar todos los delitos. Porque siempre la sociedad y el Estado van a estar en tensión, y a la autoridad le corresponde combatir actos, hechos y conductas que afectan a la sociedad y a los ciudadanos.

 

Pero acabar con las ganancias del negocio, ¿no le suena?

 

Eso tampoco es cierto. El negocio no se acaba con la legalización de las drogas, porque no todas pueden ser legalizadas. Habrá unas que no se legalizarán. Va a continuar el tráfico y el negocio. La droga que se legalice, por lo demás, aumentará en calidad y bajará de precio, luego necesariamente aumentará el consumo.

 

Santos propone gravar el negocio de la droga con impuestos y dedicar ese dinero a la prevención...

 

Hay quienes creen que la solución es colocar impuestos... Pero al gravar el negocio, eso incentiva y promueve el mercado ilegal. Porque habría droga más barata, que no paga impuestos, para proveer a los consumidores.

 

¿Y la propuesta de incrementar la prevención?

 

Lo prohibitivo no excluye lo preventivo, y más aún en un país productor. Aquí no se puede pensar en la estrategia portuguesa, de aplicar la prevención, porque Colombia es un país productor. Y hay todo un tráfico y unas empresas criminales que se financian con el narcotráfico. Y mire cuáles son los grandes intereses económicos detrás del debate de la legalización de la droga.

 

¿Cuáles son?

 

Los de las empresas farmacéuticas. El valor del mercado ilegal de las drogas en el mundo es de 380.000 millones de dólares. Legalizado el mercado, ¿quién lo va a administrar? No son las Farc ni las empresas criminales, sino las grandes farmacéuticas, y por eso es que uno ve a personajes como el millonario George Soros financiando los referéndums prolegalización de la droga en los EE. UU.

 

Interesante punto de vista. Salto de tema. ¿No le parece un poquito exagerada la inhabilidad de diez años que le impuso al exalcalde de Medellín Alonso Salazar, que luchó contra mafias criminales y cometió el pecado de hacer un comentario indebido sobre política?

 

En el Estatuto Disciplinario se establece como falta gravísima la intervención en política. Esa es la sanción mínima por ello. La sanción que se le impone tiene que ver con la necesidad de dar mayor transparencia y credibilidad a los procesos electorales. Acá existía esa norma desde el año 92, y casi nunca se había sancionado a un funcionario público. He destituido a más de 15 funcionarios por incurrir en esa falta..

 

Pero él no hizo ningún uso indebido de los bienes públicos en ese supuesto proselitismo, apenas fue un desliz verbal. Insisto: ¿no es muy dura la sanción?

 

Están bien sus denuncias, pero utilizó esas circunstancias para producir efectos políticos. Eso deslegitima los procesos democráticos y eso es lo que protege el Estatuto Disciplinario. Y no fue un desliz: usurpó funciones públicas, hay que leer el fallo.

 

Las defensoras del aborto insistentemente han dicho que el Procurador ha usado todo su poder para que no se cumpla la sentencia del aborto. ¿Qué opina de eso?

 

Nadie lo puede afirmar, todas las actuaciones de la Procuraduría han sido en defensa del ordenamiento jurídico y la sentencia C-355/06 tiene plenos efectos jurídicos. Es cierto que he planteado nulidades específicas en relación con acciones de tutela que proponen hechos que van más allá de esa sentencia, posición que ha sido compartida por varios magistrados de la Corte Constitucional. Lo que hoy algunos pretenden es introducir de contrabando el aborto incondicional por cualquier circunstancia, desbordando lo señalado en la C-355. Estamos ante una terrible desinformación.

 

Vamos a lo último: su reelección. ¿Cómo va ese proceso? Preocupa que cuando un procurador anuncia su reelección, todo lo que hace se vuelve sospechoso.

 

Estoy de acuerdo con usted en que hay un manto de duda sobre cualquier decisión. Cuando el Procurador absuelve, condena, omite o hace algún gesto, saluda a alguien... Todo eso es interpretado dentro de ese marco. Pero en nuestro ordenamiento jurídico se permite la reelección.

 

¿Por qué piensa que se permite para el Procurador y no para el Fiscal? ¿Fue un descuido de la Constitución del 91?

 

El Constituyente, caprichosamente, consideró que algunos funcionarios podían ser reelegidos, y otros no. Yo acepto y me beneficio lícitamente de esa circunstancia.

 

¿Por qué parecería como si el presidente Santos estuviera un poco desganado frente a la posibilidad de ternarlo a usted?

 

Yo no me atrevería a afirmar que esté desganado. Ha sido prudente, cauto en sus apreciaciones.

 

¿No descarta entonces que termine ternándolo?

 

No descarto que me pueda ternar ninguno de los tres órganos a los que les corresponde ese oficio, el Consejo de Estado, la Corte Suprema o el señor Presidente.

 

Pero le están apareciendo rivales. Dicen que el magistrado Augusto Ibáñez se retira de la Corte para aspirar a la Procuraduría...

 

Hay que preguntarle si eso es cierto al doctor Germán Vargas Lleras.

 

(¡Ja ja ja!) ¿Qué opina de un excelente nombre como el de Héctor Helí Rojas?

 

A mí también me parece excelente. Sobre sus intenciones habrá que preguntarle al expresidente Samper.

 

También se habla de la magistrada de la Judicatura, María Mercedes López. ¿Será?

 

Eso también pregúnteselo al doctor Samper.

 

¿Le suena que aspira el excomisionado de paz Víctor G. Ricardo?

 

Me han contado de su aspiración.

 

¿Usted al fin qué es: el 'gran absolvedor de la nación', como le dicen unos, o el 'gran condenador', como lo apodan otros?

 

Inicialmente me decían el "nuevo absolvedor general de la nación". Ahora algunos sectores me dicen el "nuevo perseguidor". La opinión pública conoce mis decisiones, sabe que soy independiente, que soy objetivo y equilibrado en mis actuaciones. Ese juicio le corresponde a la opinión pública.

 

¿Qué pasa si nadie lo terna?

 

No me estoy aferrando a esta reelección. Si no me reeligen, continuaré en la vida pública.

 

¿Y esa 'vida pública' incluiría una eventual candidatura presidencial en nombre de los sectores conservadores de este país?

 

Cada día trae su afán. Lo cierto es que tengo vocación por lo público, y así como mi presencia en la función judicial fue un episodio en esa vida pública, lo mismo lo es el Ministerio Público y voy a continuar circundando esa vida pública con el mismo carácter y el mismo talante.

 

'PROCURADOR OBSTACULIZA ABORTO LEGAL': LÍDER DE LA DESPENALIZACIÓN

 

Por: DOMINIQUE RODRÍGUEZ DALVARD 

 

Mónica Roa hace un balance de los 6 años del histórico fallo.

A pesar de que desde hace seis años se permite interrumpir el embarazo en tres casos, en virtud de una sentencia de la Corte Constitucional, hoy es imposible saber cuántos abortos legales se han practicado. 

La diferencia en las cifras (1.102 procedimientos en seis años, según las cifras oficiales, cuando solo la IPS Oriéntame practicó 4.000 en el 2011) ayuda a desdibujar un problema de salud pública que, por cuenta del aborto ilegal, representa la tercera causa de mortalidad materna.  Aunque las mujeres tienen derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) si éste las pone en peligro de muerte, cuando han sido violadas o si el feto tiene malformaciones que comprometan su vida, muchas todavía desconocen que pueden solicitar un aborto. 

El lunes, tres días antes del sexto aniversario de la sentencia, un proyectil penetró el vidrio de seguridad de las oficinas de Women's Link Worldwide, organización que lidera la defensa del derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo. Mónica Roa, su directora, habló con EL TIEMPO.

 

¿Se siente perseguida?

 

Me siento hostigada, incluso antes de presentar la demanda ante la Corte Constitucional, que fue cuando empezamos a recibir amenazas. Nos hemos acostumbrado a ellas, pero creo que lo que pasó el lunes, si se confirma que se trata de un atentado con disparos que no intentaban asustar sino hacer daño, confirmaré que el tema está pasando al siguiente nivel.

 

¿Quienes trabajan el tema de la IVE han recibido amenazas?

 

Más que amenazas, hay una escalada en el hostigamiento, no solo a las activistas, sino a quienes proveen el servicio, tanto instituciones como médicos no objetores. En el caso de los prestadores de las IPS privadas, se están denunciando acosos de grupos antiderechos.

 

¿Qué tipo de hostigamientos? 

 

Hemos pasado por diferentes modalidades de hostigamiento a través de los siete años que llevamos trabajando el tema que han pasado por amenazas, directas y veladas, nos han robado cuatro computadores en estos siete años, el año pasado varias veces nos arrojaron excrementos humanos a la puerta de la oficina, hay eventos más 'normalizados' como los 'hate mails' (correos de odio) en donde nos califican de genocidas, de asesinas, y lo último que pasó que creo que ya es un nivel distinto.

 

¿Qué esquema de seguridad tienen y qué respuesta les dieron en el Ministerio del Interior?

 

Tengo un esquema de seguridad desde hace siete años que fue la primera vez que se entraron donde yo vivía y trabajaba, se llevaron los computadores, y el martes estuve en el programa de defensores de los DD.HH. y acordamos que era importante hacer una reevaluación de riesgos mía y de mis colegas en WomensLink Worldwide y de la sede. En la oficina tenemos vidrios de seguridad, concertina, reja, alarma, cámaras, pero aparentemente eso no es suficiente.

 

¿Tienen miedo?

 

Más que nada estamos muy alerta. Y al mismo tiempo, casi como efecto irónico, el compromiso se fortalece cada vez más cuando pasan estas cosas. Tenemos absoluta claridad que entre más ataques hayan de cualquier tipo es porque estamos haciendo las cosas bien, y que no hay ninguna duda en que vamos a seguir haciéndolo. Ya, en últimas, lo que me molesta es que cuando pasan este tipo de cosas, es que la atención se centra en nosotros y no en el problema real que son las mujeres y niñas que en Colombia necesitan poder interrumpir un embarazo de manera digna y segura.

 

¿Qué piensa del papel tan activo que ha adoptado la Procuraduría en este tema?

 

No hay una campaña en contra nuestra, solo creo que la Procuraduría no ha cumplido con sus funciones.

 

¿A qué se refiere?

 

La función de la Procuraduría es asegurar el cumplimiento de la Constitución en los fallos judiciales, y en la sentencia del aborto no solo no han garantizado su cumplimiento sino que han hecho muchas cosas abusando de su poder para que no se cumplan.

También debe garantizar los DD. HH. Y el aborto ya se reconoció por la Corte como un derecho fundamental en los tres casos reconocidos, como parte de los derechos reproductivos, y tampoco lo han hecho. Otra función es ejercer el control disciplinario de funcionarios públicos. Están desconociendo los pronunciamientos que se hacen con evidencia científica de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los funcionarios tienen la obligación de aclarar cuándo opinan y cuándo informan. Hemos denunciado cómo el Procurador y sus delegadas dan información tergiversada y no confiable y les pusimos una tutela.

 

¿Por eso la denuncia penal   en su contra que presentó   la procuradora delegada   Ilva Myriam Hoyos?

 

La denuncia fue presentada en diciembre, o sea que coincide con el momento en que nos negaron la tutela en segunda instancia. Nos enteramos por los medios de que había una denuncia en mi contra por injuria y calumnia, pero no hemos podido obtener copia.

 

¿Qué significa que en las dos primeras instancias la tutela haya sido negada pero que a   la Corte Constitucional le resulte un caso de estudio? 

 

Con los temas de derechos reproductivos hemos tenido esa experiencia siempre. En la evaluación de los seis años de la sentencia vemos que los juzgados de primera y segunda instancia están negando las tutelas de manera sistemática. La buena jurisprudencia surge del ejercicio de revisión que hace la Corte Constitucional a posteriori. Pero no nos sorprende: los fallos de los jueces son vergonzosos.

 

¿Un ejemplo?

 

En la primera instancia nos dijeron que si creíamos que la información estaba siendo tergiversada sacáramos un comunicado de prensa aclarándola. Es la falta de reconocimiento del deber de los funcionarios públicos y de aquellos encargados de los DD. HH. Son ellos los encargados de garantizar los DD.HH., que es la segunda función que la Constitución le otorga al Procurador General de la Nación: dar información confiable.

 

¿Qué tipo de información 'tergiversada' han dado el Procurador y sus delegadas? 

 

Ellos insisten en que la anticoncepción de emergencia es abortiva. Según la evidencia científica, ésta previene un embarazo y no es abortiva. Si la mujer está embarazada, esta anticoncepción no produce efecto. La OMS ha aclarado que es anticonceptiva y el Consejo de Estado reconfirmó ese concepto; sin embargo, el procurador (Alejandro) Ordóñez sigue insistiendo en que es abortiva. Eso es tergiversar información que afecta derechos fundamentales de las mujeres en la edad reproductiva.

 

Haciendo un balance de estos seis años de la implementación de la sentencia que despenaliza en aborto, ¿qué se puede decir?

 

Una de las cosas que está haciendo mucha falta es que haya un liderazgo que logre integrar los diferentes esfuerzos que de manera aislada está haciendo uno de los departamentos del ministerio de Salud, uno de los de la Superintendencia, una que otra secretaría de salud del país, que se pierden por falta de liderazgo y por falta de una política nacional frente al tema. Al mismo tiempo, hay que reconocer que algunos están haciendo por la implementación de la sentencia, muchos de ellos sabiendo que se exponen a procesos disciplinarios.

 

¿Eso es comprobable?

 

Por ejemplo con la Clínica de la Mujer en Medellín. El alcalde Alonso Salazar anunció que iba a hacer esta clínica, en donde se van a prestar servicios de aborto, la Procuraduría abrió una investigación y se cayó el proyecto y el mensaje que se manda es: Los funcionarios que quieran cumplir van a ser perseguidos por la Procuraduría y los que no cumplan, estén tranquilos que no les va a pasar nada. Este abuso de poder lo hemos denunciado.

También, la Superintendencia Nacional de Salud estaba empezando a imponer sanciones muy onerosas para las EPS y la procuradora delegada Hoyos le mandó una carta -otro de los ejemplos de información tergiversada- diciendo que como el aborto no era un derecho, ustedes como funcionarios no tienen por qué remover obstáculos para que puedan ejercerlos. El aborto sí es un derecho y los funcionarios sí tienen la obligación de remover los obstáculos y en particular la Superintendencia. Sé que en este momento hay tres investigaciones de la Procuraduría contra esta entidad por temas relacionados con el rol que ha jugado en la prestación de este servicio.

 

¿Qué bloqueos han resentido los activistas que trabajan a favor de esta causa en las regiones de Colombia?

 

Hay uno que me llama la atención que tiene que ver con las menores de 14 años. La Corte ha dicho que las menores de 14 años tienen derecho a decidir si quieren o no interrumpir un embarazo, que la decisión de ellas es autónoma es decir que no necesita la autorización de los padres y que en caso de conflicto con ellos, debe respetarse la decisión de ella.

Hemos visto que eso es totalmente desconocido por el sector salud, en donde exigen que los papás den consentimiento y en caso de duda prefieren respetar la decisión de los padres y no de las menores y, peor aún, hay varios casos donde el ICBF conoce casos de niñas que están bajo las causales, que tienen el requisito listo y están a punto de recibir la prestación del servicio y dan una orden de protección, de las llevan y las retienen para que no se practiquen el aborto. Otro, es el tema de los procedimientos.

Tradicionalmente se usaba la técnica de curetaje (legrado de curetaje), que ha sido declarada obsoleta y riesgosa por la OMS y sin embargo es la que más se usa en Colombia. Los procedimientos que existen ahora y son recomendados como los más seguros son el Misoprostol, que son las pastillas que son las pastillas que en la dosis adecuada en hasta la semana 12 de gestación son muy seguras y efectivas, y la AMEU (aspiración manual endouterina). A las mujeres se les tiene que ofrecer la opción de cómo cuál procedimiento prefieren.

 

 

Problemas con menores de 14 años

 

"La Corte ha dicho que las menores de 14 años tienen derecho a decidir si quieren o no interrumpir un embarazo, su decisión es autónoma y no necesitan la autorización de los padres. Esto lo desconoce del todo el sector salud que exige que los papás consientan y hay varios casos donde el ICBF se entera de niñas que están a punto de recibir la prestación del servicio y dan una orden de protección y las retienen para que no se practiquen el aborto".

 

EL DÍA QUE PERDIMOS LA FE...

 

Por: José Manuel Acevedo M.

 

Recuperar la confianza en la justicia dependerá de una transformación profunda que excede al Gobierno y al Congreso, y que no puede negociarse con quienes se pretende cambiar.

No sorprende que los colombianos desconfíen de sus políticos. Históricamente ha sido así. No es noticia que la imagen desfavorable de los congresistas supere ampliamente a la favorable en los sondeos de opinión. Resulta casi normal que los ministros se rajen según el sentir ciudadano o que los ex-presidentes si acaso le ganen al margen de error cuando por su popularidad se indaga. Pero que los colombianos hayamos perdido la fe en el último y más sagrado recurso que todo país tiene, el de la justicia, nos pone en la pista de lo inviable, sin rumbo institucional ni horizontes para un Estado que se dice de derecho.

¿Cómo puede sobrevivir una nación en la que hay tantos delitos por juzgar como jueces por investigar? ¿A qué horas fue que pasamos de llorar la muerte de los impolutos magistrados del Palacio de Justicia a desconfiar hasta los tuétanos de quienes ahora se han metido entre sus togas?

Es ciertamente inviable una nación en la que, según la última encuesta de Ipsos, siete de cada diez colombianos no creen en la justicia colombiana y seis de cada diez entrevistados piensan que el sistema judicial es corrupto.

Si hay algo en que las diferentes encuestas coincidan es precisamente en la mala imagen del sector judicial. La última de Invamer Gallup confirma esta tendencia con un 62 por ciento de desfavorabilidad para el aparato de justicia nacional. Hace apenas unos años, en marzo del 2008, la estadística era completamente inversa: el 58 por ciento de los colombianos creía en sus jueces y de esa fecha para atrás la imagen favorable era mayor que aquella negativa.

Algo muy malo debe estar pasando en Colombia cuando, por los días que corren, el 57 por ciento de los encuestados resalta que la justicia está altamente sometida a presiones políticas. Peor aún resulta que quienes 'más han perdido la fe' -volviendo a Ipsos- sean las nuevas generaciones de colombianos: entre los 18 y 24 años, un 70 por ciento de consultados no cree en la justicia y en el grupo de 25 a 34 años, la misma cifra alcanza un 73 por ciento.

Es todavía más triste que la percepción se corresponda con la realidad. En los últimos años han quedado en evidencia relaciones non sanctas de magistrados de altas cortes con personajes harto oscuros. Los escándalos protagonizados por el tristemente célebre Consejo Superior de la 'Jubilatura', que agoniza con descaro, y el 'carrusel' de tutelas en distintas regiones del país confirman que hay una estrecha conexión entre lo que piensan los ciudadanos y lo que ocurre en la realidad.

El país político sigue desconectado del país nacional y, así las cosas, el remedo de reforma que ahora avanza terminará deteriorando todavía más la imagen de los jueces entre la ciudadanía. Más pronto que tarde nos daremos cuenta de que todo sigue igual y de que los problemas estructurales continúan intactos, porque de lo que se trata con la farsa que hace curso en el Congreso es de poner pañitos de agua tibia a un paciente con fiebre mortal.

Recuperar la confianza en la justicia dependerá de una transformación profunda que excede al Gobierno y al Congreso y que no puede negociarse obtusamente -como ocurre ahora- con quienes precisamente se pretende cambiar. Todos propenden por lo suyo y todos lo tendrán al final.

El pueblo colombiano, mientras tanto, asistirá a un nuevo circo al que -¡quién quita!- la Corte Constitucional pueda desbaratar. Son ya tantos los vicios de forma que acumula la reforma en el Congreso como los males de fondo de que padece el sistema judicial. Este es el día en que perdimos la fe. ¿Cuándo llegarán la hora y las razones para volver a creer?

 

EL ESPECTADOR

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEFIENDE SU CREACIÓN DESDE 1991

 

En medio de la intención de eliminar esa Corte en la reforma a la justicia, en ese tribunal recuerdan que éste se creó por la existencia de problemas estructurales en la rama judicial.

Un documento del Consejo Superior de la Judicatura defiende la creación de ese alto tribunal desde la Constitución de 1991; esto en medio de la intención de su eliminación en la reforma a la justicia que está tramitando.

Advierten que el Consejo vive por el ánimo de fortalecer la “independencia y autonomía de la rama judicial del poder público”.

En ese sentido, recuerdan que la Constituyente del 91 “tuvo en cuenta la existencia de problemas estructurales, funcionales de organización y la necesidad de definir políticas claras histerias a corto, mediano y largo plazo que orientaran los destinos de la rama judicial y la necesidad de fortalecer el aparato judicial, otorgándole a un cuerpo colegiado, ajeno a cualquier interferencia y la necesidad de una autonomía administrativa y presupuestal para el manejo y administración de justicia trazando diseños que permitieran adecuarla a las exigencias sociales y evaluando a través de diversos mecanismos su funcionamiento”.

“El constituyente de 1991 consiguió al Consejo Superior de la Judicatura como una corte jurídica, co-administrativa, donde se materializarán los principios de independencia y autonomía judicial”, aseguran.

Además, indican que el propósito de administra la carrera judicial y modernizar todas las instituciones de apoyo al sistema se ha venido cumpliendo, pues se ha adelantado la función de “dirimir conflictos de jurisdicciones y servir de instancia en asuntos disciplinarios contra magistrados, y fiscales, jueces y abogados por el incumplimiento a sus deberes en la administración de justicia y el ejercicio de la profesión”.

 

Por eso consideran que la actual reforma a la justicia “resquebraja las intenciones y motivaciones de la Constitución; desnaturaliza la función pública de administración de justicia, como solución del Estado Social Derecho y no consulta la solución de sus problemas estructurales: congestión, impunidad y acceso a la administración de justicia, en forma eficaz y transparente”.

Finalmente, en el Consejo llaman a los congresistas a no olvidar que el constituyente del 91 permitió la creación del tribunal como una corte jurídica y co-administrativa que “engloba” todas las funciones en las cuales se afianza la eficacia de la administración de justicia, "que no es más que la materialización de los principios de independencia y autonomía judicial".

 

"ESTAMOS SUFRIENDO UN CLIMA DE AGRESIÓN"

 

Mónica Roa, la abogada que lidera la defensa del derecho al aborto terapéutico, denuncia ataques verbales y físicos en su contra y de su ONG.

Revela que el alto grado de confrontación al que ha llegado la Procuraduría en este tema ha hecho grave mella. Y advierte que funcionarios de Bienestar Familiar retienen en sus centros a jóvenes que solicitan la interrupción del embarazo.

 

Cecilia Orozco Tascón.- Usted denunció que la sede de su organización Women’s Link fue atacada hace unos días. ¿Qué sucedió exactamente?

 

Mónica Roa.- Hubo un corte de energía a las 5 de la tarde, pero pensamos que había sido en toda la zona y seguimos trabajando. Estaba en una reunión en mi oficina, que tiene ventanas hacia la calle. Cerca de las 6 y media, cuando ya casi no teníamos luz, sentimos un ruido primero y después la caída de pedacitos de vidrio sobre mi cabeza. En principio creímos que la ventana estaba intacta porque la oscuridad no nos permitía ver, pero después encontramos un agujero de forma cónica, hecho por el impacto con algún objeto.

 

C.O.T.- ¿Qué le hizo pensar que se trataba de una agresión y no de un incidente casual?

 

M.R.- Que todo fue muy extraño. Cuando fui a avisarle a mi escolta, que se encontraba en el vehículo en frente de la casa, escuché un golpe, esta vez contra el piso. Él ya había oído otros impactos “extraños”. Dice que fueron seis y que creyó que estaban atacando el vehículo. Luego nos dimos cuenta de que éramos los únicos de la cuadra que estábamos sin luz. Mi escolta fue al CAI más cercano y trajo a unos agentes. Según ellos, el impacto contra el vidrio roto fue causado por una pistola neumática de balines.

 

C.O.T.- ¿Es cierto que ha sufrido otros ataques?

 

M.R.- Desde cuando empezamos a trabajar en defensa del derecho al aborto, incluso cuando sólo dos personas nos dedicábamos al proyecto, recibimos amenazas y hostigamientos. Nos llamaban personas sin identificar. Nos decían que había temas “sagrados” que no podíamos tocar, o insistían, de manera violenta, en que la Virgen me mandaba un mensaje a una dirección específica donde debía ir a recibirlo. Otras veces nos han enviado correos o mensajes al fax con citas bíblicas, según las cuales “quien derrama sangre de inocentes verá derramada su sangre”. U otras, con fotos de bebés entre nubes y la frase “nos encargaremos de mandarla al cielo”.

 

C.O.T.- Usted también ha dicho que asaltantes han entrado a su sede.

 

M.R.- Sí. Pocos meses después de presentar la demanda ante la Corte Constitucional, hace siete años, entraron una noche al apartamento donde vivía y trabajaba. Revolcaron todo y, a pesar de que había dinero en efectivo, sólo se llevaron dos computadores. El año pasado nos robaron otro y el 25 de abril, que acaba de pasar, sacaron un nuevo computador. Qué raro que nunca se hayan interesado en nada más. El año pasado también nos arrojaron excrementos humanos varias veces a la puerta de la oficina. Sin embargo, hechos como los de la semana pasada llevan la agresión a otro nivel.

 

C.O.T.- Uno pensaría que aunque es un tema difícil, el objetivo al que ustedes se dedican no provoca ataques físicos o atentados. ¿Por qué cree que está sucediendo?

 

M.R.- El tema es polémico y genera reacciones viscerales, pues cuestiona el rol que la sexualidad y la reproducción han tenido como justificación de las estructuras de poder en la sociedad. En otros países son comunes los ataques fanáticos a proveedores de servicios, activistas y políticos que trabajan por el aborto digno y seguro. En Colombia algunos proveedores (médicos, clínicas, etc.) han empezado a experimentar acoso directo y las mujeres que solicitan sus servicios, también.

 

C.O.T.- Deme un ejemplo.

 

M.R.- Frente a las clínicas que ofrecen servicios de IVE (interrupción voluntaria del embarazo) se reúnen grupos a rezar rosario y les dan panfletos con fotos de fetos destrozados a las mujeres solicitantes. Sin embargo, no nos hemos podido explicar por qué se recurre a acciones tan violentas, puesto que no estamos obligando a nadie a creer o a hacer lo que no quiera.

 

C.O.T.- Un grupo de activistas, contrarios al derecho al aborto, se inventaron un premio Herodes (el rey de Judea que habría ordenado una matanza de niños) y se lo “otorgaron” a usted. ¿Cómo interpreta ese gesto y quiénes son?

 

M.R.- Me contaron por Facebook que el 10 de mayo, en la Plaza de Bolívar, la Plataforma Unidos por la Vida, encabezada por el señor Jesús Magaña a quien no conozco, me “otorgó” el premio Herodes. Los integrantes de ese grupo no han entendido que quienes defendemos el derecho al aborto, defendemos con igual vehemencia los derechos de los niños y niñas ya nacidos. De hecho, la mayor causa de mortalidad de niñas que apenas empiezan la pubertad es el embarazo temprano. El acto de la Plaza de Bolívar, que parece anecdótico, pasa a ser provocador e incendiario cuando se enmarca en el clima de agresión y hostigamiento que estamos sufriendo.

 

C.O.T.- Precisamente la Procuraduría y el titular de esa entidad han tenido un papel muy activo en contra de la aplicación de la sentencia de la Corte. ¿Qué opina al respecto?

 

M.R.- La Procuraduría tiene las funciones de asegurar el cumplimiento de la Constitución y de las decisiones judiciales, de garantizar los derechos humanos y de ejercer el control disciplinario de los funcionarios. El procurador no ha cumplido ninguna de tales funciones con relación a esta sentencia. Por eso presentamos una queja disciplinaria en su contra. Además, hemos documentado una serie de actuaciones en las que él y dos de sus delegadas (Hoyos y Carreño) han dado información falsa, tergiversada o incompleta sobre los derechos sexuales y reproductivos. Este fue el motivo para que 1.200 mujeres y yo interpusiéramos una tutela en su contra por violación del derecho a la información.

 

C.O.T.- ¿Es verdad que usted fue denunciada penalmente por la procuradora delegada Ilva Miriam Hoyos, quien sigue estrictamente la línea religiosa de su jefe Alejandro Ordóñez?

 

M.R.- Sí. El 1° de marzo pasado me enteré a través de los medios que la procuradora delegada Hoyos me había denunciado por injuria y calumnia, y que había contratado al abogado Jaime Lombana para llevar el caso. Confirmamos que la denuncia existe y que está en una fiscalía local, pero no hemos podido conseguir que nos permitan conocer la denuncia.

 

C.O.T.- En la lista de candidatos a reemplazar al exmagistrado Juan Carlos Henao de la Corte Constitucional se encuentra precisamente su denunciante, Ilva Miriam Hoyos. ¿Sabía que ella puede formar parte de la Corte?

 

M.R.- Sí. La lista de quienes se inscribieron como aspirantes a reemplazar al magistrado Henao fue publicada y su nombre aparece allí.

 

C.O.T.- He oído que la doctora Hoyos está visitando a magistrados del Consejo de Estado para rogar que la postulen a la Corte Constitucional. ¿Usted también?

 

M.R.- Efectivamente me han contado que eso ha ocurrido, pero, por supuesto, no me consta.

 

C.O.T.- Suponga que la doctora Hoyos llega a la Corte, ¿cree que ella podría impulsar la sustitución de la sentencia sobre aborto terapéutico por otra en que se prohíba?

 

M.R.- Si la procuradora Hoyos llegara a la Corte tendría que declararse impedida de participar en cualquier asunto relacionado con este tema por conflicto de intereses: cuando era decana de la Universidad de la Sabana y presidenta de la Red Futuro Colombia se opuso insistentemente a la sentencia en una multiplicidad de escritos que luego publicó. También dio declaraciones según las cuales se comprometía a trabajar para revertir la sentencia.

 

C.O.T.- Y, ¿si no lo hiciera?

 

M.R.- La recusaremos.

 

C.O.T.- El propio Instituto de Bienestar Familiar parece estar confundido con la correcta aplicación de la sentencia. ¿Cómo es el comportamiento de los funcionarios del Instituto en estos casos?

 

M.R.- El Instituto de Bienestar Familiar no aplica de manera uniforme las directrices para garantizar la IVE de las niñas y adolescentes. Nos preocupa más que se han identificado casos de obstrucción de acceso a la IVE mediante la retención de las niñas y adolescentes en sus centros de protección.

 

C.O.T.- ¿Retención ilegal de la solicitante en centros de Bienestar Familiar?

 

M.R.- El Instituto tiene la facultad legal de tomar medidas de protección a favor de niñas que considere que están en riesgo. Pero cuando algunos funcionarios no están de acuerdo con el aborto, utilizan esa medida como una forma de impedir el acceso a la IVE de las solicitantes.

 

C.O.T.- Aun cuando el Instituto tenga esa facultad, la retención podría llegar a ser ilegal si se detiene contra su voluntad a una adolescente, sin mediar un hecho objetivo para hacerlo.

 

M.R.- El ICBF tiene unos lineamientos muy claros sobre cómo acompañar y facilitar el acceso a la IVE de niñas y adolescentes. Desafortunadamente, cuando un funcionario incumple sus obligaciones de garantizar la IVE, no tiene quién lo vigile ni sancione porque la Procuraduría, es decir, la entidad que tiene el control disciplinario de los empleados públicos, no inicia ninguna investigación.

 

C.O.T.- A seis años de expedición de la sentencia que garantizó el aborto terapéutico no parece haberse avanzado mucho. ¿Cuáles son los aspectos positivos que usted le ve a este período?

 

M.R.- Hay que destacar que la sentencia (C-355 de 2006) que reconoce el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, continúa vigente y que es de obligatorio cumplimiento a pesar de los ataques en su contra; que la Corte Constitucional ha sido clave en la defensa de este derecho; que ha habido un cambio cultural que ha posicionado el tema como un asunto de discusión pública, y que estos cambios han permitido que la atención en la IVE vaya aumentando.

 

C.O.T.- Sin embargo, los ataques a la sentencia han hecho mucho daño a su aplicación. ¿Cuál es el lado más negativo de esta situación?

 

M.R.- A pesar del trabajo de sensibilización sobre el tema, la estigmatización continúa siendo muy fuerte. En particular, la Procuraduría y los grupos antiderecho a la IVE han logrado amedrentar a funcionarios y prestadores del servicio. Y la falta de liderazgo del Estado ha impedido la coordinación interinstitucional de los sectores de salud, justicia y educación para garantizar los derechos reproductivos y el acceso oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo.

 

C.O.T.- Hay muchos casos de médicos y hospitales que se oponen a realizar un aborto con la tesis de la objeción de conciencia. Este argumento, ¿cuánto afecta el cumplimiento de la sentencia?

 

M.R.- La objeción de conciencia institucional es usada para entorpecer el acceso de las mujeres a la IVE, especialmente en entidades que pertenecen a alguna confesión o religión. A pesar de que en la sentencia se reconoce el derecho a la objeción de conciencia individual de profesionales de la salud, la mayoría no sabe cómo ejercerlo, no lo ejerce debidamente o no cumple con la obligación de referir la mujer solicitante a otro profesional que no tenga ese impedimento.

 

Resistencia al cambio

 

La aplicación de la Sentencia de la Corte Constitucional C-355 de 2006, en la que el máximo tribunal reconoció el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo cuando la salud física o psicológica de ellas corre peligro o la vida del feto es inviable, ha encontrado muchos obstáculos en estos seis años.

La oposición de grupos religiosos radicales y la intimidación que la actitud de rechazo del procurador Alejandro Ordóñez genera en clínicas, médicos e incluso jueces, ha impedido su pleno desarrollo. En contraste, los castigos por su incumplimiento son pocos: un médico que adujo objeción de conciencia, pero no remitió la mujer a otro profesional, fue sancionado por el Tribunal de Ética Médica de Caldas. El hospital San Ignacio de Bogotá tuvo que pagar 25 salarios mínimos y la EPS Coomeva fue multada con 750 salarios por no haberle prestado el servicio a una menor violada.

Adicionalmente, la mentalidad tradicional en esta materia ha primado tanto que los médicos siguen usando el procedimiento del legrado (eliminación mediante raspado de tejido del útero) —declarado como obsoleto por la OMS—, en vez del moderno y menos invasivo de aspiración manual endouterina (AMEU): varias secretarías de Salud del país le devolvieron al Ministerio del ramo los equipos de AMEU que les habían enviado porque “no los necesitaban”.

 

Democratizando el debate

 

Cecilia Orozco.- Women’s Link es pionera en Colombia en activismo de los derechos reproductivos de la mujer. ¿Cómo nació esta ONG?

 

Mónica Roa.- En el mundo, muchos grupos de mujeres se especializan en trabajar con quienes hacen política pública y con legisladores, o trabajan con las comunidades. Muy pocas veces estos grupos piensan en las cortes como un foro en donde se pueden conseguir avances en la protección de los derechos. Women’s Link nació con la intención de llenar ese vacío y de llevar la lucha por la equidad de género a la justicia.

 

C.O.- ¿Cómo llegó Mónica Roa a desempeñar este papel?

 

M.R.- Mi interés original empezó con la pregunta por el rol de los jueces en la promoción de los derechos de las mujeres. Después de mi maestría viajé por diferentes países entrevistando a jueces, activistas y académicos. La conclusión era que las cortes ofrecían un gran potencial para avanzar si se trabajaba de manera rigurosa. En el caso del aborto, incluir los argumentos de derecho internacional, salud pública y justicia social en un contexto de Estado laico permitió que la Corte tomara una decisión a nuestro favor. El proceso sirvió también para cambiar el debate público, democratizando los argumentos y actores que intervenían.

 

ASEGURAN QUE SANTOS INCUMPLIÓ PLAN PARA "SALVAR" SISTEMA DE SALUD

 

Desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas manifiestan que el presidente "no nos cumplió".

El expresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Rodrigo Córdoba, dijo en Caracol Radio que el presidente Juan Manuel Santos "no cumplió" con el pacto que suscribieron hace 10 meses las más importantes agremiaciones de la salud y el Gobierno para "salvar" el sistema sanitario colombiano.

Aseguró que ellos actuaron confiados en la palabra del presidente Juan Manuel Santos. "Todo el país lo vio y nos llenó de ilusiones y de esperanza, y hoy lo que tenemos son profundas decepciones...en quién más no creer que en el señor Presidente, que en la palabra del señor Presidente ante el país y ante los medios...lamentablemente tenemos que decir: no nos cumplió el señor Presidente y no le cumplió al país que es mucho más grave", aseguró Córdoba.

De ese acuerdo, firmado en la Casa de Nariño y presentado con amplio cubrimiento mediático, "hoy 10 meses después, cero resultados; podemos decir que de eso se ha cumplido poco o nada", reveló Córdoba quien fue uno de los firmantes en representación de las agremiaciones y los profesionales de la salud. El pacto también fue respaldado por la Academia Nacional de Medicina, Asmedas y la Federación Médica Colombiana.

El anuncio en ese momento, explicó Córdoba, era que el Gobierno iba a realizar una profunda intervención en el sistema de salud y "se comprometía a reformar de manera estructural la salud, a ofrecer una serie de garantías, a salvar los hospitales públicos, a tener un plan universal de beneficios (tratamientos y medicamentos en el POS) y que todo colombiano iba a tener lo que necesitaba y cuando lo necesitara".

La firma de ese pacto con el Gobierno no cayó bien en todas las agremiaciones del sector de la salud y los representantes de las organizaciones firmantes fueron calificados como "los médicos de la Unidad Nacional", que se prestaron para "la rueda de prensa del Gobierno".

 

 

EL DESASTRE INFORMÁTICO DEL FOSYGA

 

Por: Carolina Gutiérrez Torres

 

Una resolución firmada por el exministro de la Protección Social Diego Palacio permitió el pago de facturas a las EPS sin que hubiera certeza de la información.

Una “catástrofe informática”. Así define la Federación Médica Colombiana lo que sucedió con las bases de datos de los recobros al Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantías) por lo menos desde 2005, cuando empezó a ser manejado por el consorcio Fidufosyga. Éste tenía como misión administrar los recursos que el Gobierno destina para reembolsarles a las EPS los gastos en los que incurrieron, por prestarles a los pacientes un servicio o un medicamento que no está incluido en el Plan Obligatorio de Salud (No POS).

 

Pero no sólo los llamados “recobros” estaban en manos de Fidufosyga; el consorcio también era responsable de la auditoría de los datos. El primer error, dice Óscar Andia, director del Observatorio del Medicamento de la Federación, quien sostiene que la tarea de auditor no le corresponde a una fiducia. Con esto se empieza a explicar el desastre informático.

En resumen lo que denuncia la Federación es que los registros en medio magnético que envían las EPS al Fosyga para cobrar sus facturas, no coinciden con los soportes físicos; lo que se suma a otras irregularidades como recobros duplicados, recobros con valores unitarios exorbitantes e innumerables errores al identificar los medicamentos. Sólo por dar un ejemplo: mientras hubo miles de registros que eran recobrados a un precio inferior de $500, lo que es inverosímil; el valor unitario de otros medicamentos superaba los $100 millones.

El análisis detallado de esta situación lo viene haciendo la Federación desde abril de 2010, cuando presentó un derecho de petición al consorcio Fidufosyga solicitándole un informe detallado de los recobros pagados entre los años 2007 y 2009. Inicialmente el consorcio negó esta solicitud alegando la confidencialidad de la información. Entonces vino una tutela que fue negada inicialmente, pero en segunda instancia se le dio la razón a la Federación y se obligó a Fidufosyga a entregar los datos.

A partir de ese momento se empezó a desenmascarar el caos en el que se estaban llevando las cuentas. En agosto de 2010, luego de analizar la información, la Federación “detectó graves inconsistencias y solicitó nuevos archivos libres de errores”. Encontró, por ejemplo, que se pagaron $490’043.227 por una muestra de 20 registros en los que en la casilla que debería ir el nombre del medicamento aparece simplemente “0”; o que por una muestra de 90 registros, que fueron apuntados con la nota “sin nombre del medicamento”, se desembolsaron $881’922.228.

Esas primeras pesquisas dejaron al descubierto otros hallazgos preocupantes: en una muestra de 9.750 casos, en los que la cantidad del medicamento suministrado fue igual a “1”, se pagaron $326.373 millones. La pregunta que se hizo en ese momento la Federación fue: ¿cómo pudo Fidufosyga pagar más de $300 mil millones en medicamentos de costos unitarios tan absurdos? Y una perla más: existen recobros del mismo producto, el mismo día y por valores muy elevados. Para mencionar un solo caso, está el de Novoseven®, que registró 12 recobros el 28 de septiembre de 2009, todos por el mismo costo aunque se tratara de cantidades diferentes. Apenas comenzaban los hallazgos.

En septiembre de 2010 la Federación recibió un nuevo CD con la información “corregida”, según lo aseguró Fidufosyga, pero que al ser analizada tenía las mismas inconsistencias; entonces se insistió en un tercer envío sin errores. Para ese momento las investigaciones de la Federación ya habían arrojado nuevos descubrimientos, como el de 41.470 registros que fueron recobrados a un valor inferior al de una moneda de $500 o el de 675.896 recobros con graves errores en los registros sanitarios.

El diciembre de 2010 el Consorcio Fidufosyga respondió negando otra vez las inconsistencias y envió un tercer archivo. Con esto la Federación reforzó sus tesis sobre enormes sobrecostos en los recobros, la dominancia de algunas EPS, la existencia de medicamentos que siendo POS fueron recobrados como No POS y otros tantos errores en la base de datos.

En febrero de 2011 hubo un hallazgo escandaloso: se encontraron 21 recobros de Rituximab en los que el valor unitario de cada ampolla era de $130 millones, cuando su precio regular en el mercado oscila entre los $6 y los $10 millones. Fidufosyga argumentó que se trataba de un error en su sistema. Finalmente, en octubre de 2011, el consorcio reconoció que muchos de los registros físicos que llegaban al Fosyga no coincidían con los magnéticos. Es decir, por primera vez aceptó el desastre que existía adentro.

Algo para resaltar aquí es que Fidufosyga señala que las responsables de esas inconsistencias son las EPS. Y, además, afirma que ellos “no tienen la facultad legal ni contractual para modificar los datos suministrados por las EPS, ya sea en medio físico o magnético”. Lo que significa que así fueran conscientes del error, no tenían las capacidades legales para hacer correcciones.

 

Y peor aún, había una circular del 21 de noviembre de 2008 y una resolución (la 5033 de diciembre 2008, firmada por el entonces ministro de la Protección Social, Diego Palacio) que, según la Federación, avala de alguna manera las inconsistencias entre los reportes magnéticos y físicos al exigir que, a pesar de que no coincidieran las facturas, se desembolsara el dinero y se hicieran los pagos.

El doctor Andia asegura que al tomar esta decisión el Gobierno se amparó en una orden que acababa de dar la Corte Constitucional, en la que exigían el pago de las facturas retrasadas. Sin embargo, dice Andia, esa decisión de Diego Palacio “abrió las puertas a la corrupción. Se pagaban las facturas sin que hubiera certeza de la información y, como existía ese hueco, por ahí salieron todas las barbaridades que usted se imagine: cuentas que se cobraban tres o más veces, valores de recobros descomunales...”, dice Andia.

“En otras palabras —reza el informe de la Federación— los registros magnéticos de más de $5,8 billones en recobros (dato de la Supersalud para los años 2007 a 2010), pueden tener valores unitarios exorbitantes, estar duplicados o triplicados, no identificar adecuadamente los productos recobrados, corresponder a medicamentos que siendo POS fueron recobrados como No POS (y esto) con total legalidad, porque se respetó la normatividad vigente”.

Fue sólo en la administración de Juan Manuel Santos que el Ministerio tapó ese “hueco” y a través de la Resolución 2064, del 02 de junio de 2011, exigió no hacer los pagos “cuando la información contenida en los físicos del recobro no se ajusta a la información consignada en el medio magnético”. Sin embargo, durante dos años se pagaron miles de facturas de las que no se tiene ninguna seguridad. Según la Federación, hay un caso contundente: el Fosyga pagó entre los años 2005 y 2010 la suma de $22.330’896.642 por recobros de factores antihemofílicos VIII y IX, que siendo POS fueron recobrados como No POS, dinero que tendrá que ser reembolsado por las EPS.

La pregunta es: ¿cuántos engaños como este hay en la caótica contabilidad del Fosyga? El nuevo consorcio, que ahora administra este fondo, SAYP, dice que se encuentra en proceso de revisión de los datos entregados por el consorcio Fidufosyga. ¿Cuándo se va a conocer la verdad?

 

COLOMBIA SE VOLVIÓ UN PARAÍSO DEL CONSUMO DE DROGAS": PROCURADOR

 

Como consecuencia de la despenalización de la dosis mínima de la Corte Constitucional el consumo de marihuna aumentó 170%.

En el Congreso de la República, el procurador General, Alejandro Ordóñez denunció que Colombia se convirtió "en un paraíso del consumo de droga" después de la sentencia de la Corte Constitucional de despenalizar la dosis mínima.

En este sentido consideró que en los últimos años el número de adictos aumentó a 700 mil, precisando que según cifras del Ministerio Público creció el consumo en un 170%, el de cocaína en un 10 y el de heroína en un 100%, lo que desvirtúa la tesis de que la legalización desestimula la producción.

Ordóñez defendió así su postura según la cual es deber del Estado seguir combatiendo la producción, destrucción y consumo de sustancias psicoactivas.

Para el Procurador General, la tesis según la cual es la prohibición la que hace rentable el negocio del narcotráfico no está basada en hechos claro ni en estudios que la soporten puesto que las estadísticas demuestran que con la reversión de medidas de castigo, el resultado ha sido el inverso.

 

 

OTRAS UNIONES, OTRAS FAMILIAS

Por: Lorenzo Madrigal

 

La convivencia de dos personas en el derecho civil debería llamarse de alguna manera ilustrativa, poética. Manes de don Andrés Bello, inspirador de frases jurídicas que saltaron el umbral de lo prosaico, para que les hubiera dado nombre a las distintas convergencias de vida.



Deberían crearse enunciados que se desapeguen del sentido, al que se atiene tanto la Iglesia, de unión sexual escapada de los cánones. Categorías que no excluyan la proximidad de dos o más seres que conviven, trabajan, pernoctan y finalmente mueren en alguna unión de facto, por imponderables de la vida construidos de modo insospechado.

Ahora bien, ¿para qué llamar matrimonio a lo que no es? Vamos. Ese nombre ya está usado y, pues sí, quién lo discute, es la unión de un hombre y una mujer, para el amor y la procreación. Esto otro comprende, en un sentido más amplio, otros enlaces humanos, que, en convivencia continua, generarían derechos interactivos, recíprocos, a la sucesión, a las prerrogativas laborales y pensionales y otros, si los hubiere.

Compañías de vida, diferentes del matrimonio, que tantas veces ocurren casual y lentamente, como es “lento e imperceptible el retiro de las aguas”, según Bello describe —bellamente— la formación de los aluviones mineros; el cual acompañamiento no debe quedar desamparado ante el derecho, en el caso de la muerte y la consiguiente desolación de quien queda en este mundo.

La figura jurídica y canónica del matrimonio no está hecha para estos casos. Puede tratarse de uniones homosexuales, como puede no tratarse de ellas, pero también de viudez, enfermedad prolongada y casera, con acompañamientos heroicos; casos hay de soltería y de quienes envejecen en fraternidad (o en discusión constante, pero de calor intimista). Todo lo cual constituye un vacío ante el derecho civil, referido tan sólo a uniones sexuadas, a consanguinidades o afinidades por grados, como si se tratara de las únicas circunstancias de aproximación entre las personas.

 

***

 

Hay, en medio de estos temas, situaciones inexplicables: que se pida y discuta la adopción de una criatura que es hija biológica de una señora, porque ésta comparte vida con otra señora. Vaya. La chica es adoptada por su madre según el derecho natural, sin declaración judicial alguna.

Por lo demás, la adopción por dos madres —allá ellas qué relación tengan— es lo más ocurrente en el vivir y crecer. Todos, pero absolutamente todos, hemos sido criados por más de una madre (la biológica, la nana, la abuela, la tía...). Recuerdos de las mujeres de nuestra infancia, que son “un bosque de lirios que perfuma y abre un surco de auroras en el alma” (Martínez Mutis - Gráfica).

 

EL NUEVO SIGLO

 

"REFORMA A LA JUSTICIA SE ESTÁ ENCAUSANDO”

 

Un ambiente mucho más favorable es el que tiene la reforma a la justicia para enfrentar los dos debates que todavía le hacen falta en la Cámara de Representantes, es lo que cree el procurador General Alejandro Ordóñez, a pesar de las múltiples críticas que ha tendido la iniciativa durante su trámite en el Congreso.

Para Ordóñez, la reforma que se aprobó la semana pasada en la plenaria de Senado se está encausando en el rumbo de la justicia, a pesar de algunos inconvenientes que se presentaron en el proceso.

 “En este desarrollo, que no ha sido muy pacífico, hay infinidad de críticas pero es indudable que hay un ambiente mucho más favorable, hay supresiones de algunas instituciones que se hacían más cuestionadas y eso terminó en la decisión que tomó el Senado”, dijo el Jefe del Ministerio Público, quien agregó que la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura era previsible.

El Procurador enfatizó que el proyecto que está aprobado el día de hoy es mucho mejor en comparación con el texto que se discutió en primer debate e insistió que el trámite de la iniciativa no ha sido pacífico. “Este trámite no ha sido pacífico. Todos conocemos los sobresaltos que ha tenido la discusión. Pero si hacemos una comparación con el inicio de este proceso de acto legislativo, el ambiente hoy es más favorable”.

 

 

 

Uno de los cambios más importantes sugeridos por el Procurador y que fue tenido en cuenta por los ponentes del proyecto es que se crearán dos salas al interior de la Procuraduría para el juzgamiento de los congresistas.

Según el senador Eduardo Enríquez el jefe del Ministerio Público habría pedido este cambio porque él no quiere que “el Procurador sea elegido por las personas a las que tiene que investigar”.

En ese orden de ideas, se crearán dos salas dentro de la Procuraduría, las cuales funcionarán con, cada una, con tres funcionarios que tendrán la función de magistrados de las altas cortes. En estas salas se tramitarán la primera y la segunda instancia y los funcionarios serán designados por el Procurador, ya que en este momento él es el encargado de conocer las faltas, en materia disciplinaria, que cometen los congresistas.

 

Las críticas

 

El respaldo que ha mostrado el Procurador General es importante y más teniendo en cuenta que uno de los principales críticos de la iniciativa hubiera sido él mismo, ya que hace unos meses consideraba que el proyecto no había cumplido con la expectativa que se había generado un ambiente de discusión que no era ni la mitad de lo que se había anunciado y lo calificó como “parto de los montes”.

Según el Procurador la reforma era un “atentado contra la autonomía e independencia de la Rama Judicial” y tampoco resolvía los problemas estructurales de la administración de la Justicia.

Alejandro Ordóñez planteó como una crítica y una preocupación que la forma en la que estaba planteada la reforma no contemplaba organismos que eliminaran la morosidad en los procesos y ayudaran con la descongestión judicial, para el Procurador uno de las falencias en las que más debía trabajarse era en la celeridad de la toma de decisiones que se convertían en dilaciones y a su vez en una vulneración al derecho constitucional de los ciudadanos.

Uno de los puntos que defendió el procurador y que ya no se encuentra en la propuesta es al artículo del fuero militar para que los uniformados del país siguieran siendo procesados por la Justicia Penal Militar.

 

REVISTA SEMANA

 

LA BATALLA DEL ABORTO

 

El procurador Alejandro Ordóñez mandó una carta al Consejo de la Judicatura en la que pide que se notifique a los jueces del país que deben revelar a la Fiscalía y a la Procuraduría la identidad de las niñas o mujeres que piden abortar vía tutela. Si se llega a ratificar el pedido del procurador, las mujeres corren el riesgo de ser perseguidas penalmente.

Se cumplen seis años de la aprobación del aborto en tres casos y la cruzada de la Procuraduría en su contra no da tregua. SEMANA revela su última arremetida.

La sentencia de la Corte Constitucional que permitió el aborto en tres casos (violación, malformación del feto y riesgo de vida para la madre) está cumpliendo seis años. Pero si se le hiciera un balance ácido al efecto que ha tenido habría que decir que más que un triunfo de los derechos de las mujeres se ha convertido en la más cruenta batalla que el país recuerde entre la Corte Constitucional y la Procuraduría.

El más reciente choque ni siquiera el país lo conoce. Tiene que ver con el caso de una niña de 12 años, de estrato 1, que quedó embarazada de su novio de 16. Dos especialistas certificaron que podría estar en riesgo su salud física por el peligro de "complicaciones obstétricas" y un psiquiatra añadió que la continuación del embarazo ponía en riesgo su salud mental -la niña intentó suicidarse con unas pastillas-. Sin embargo, la EPS dilató la decisión, un juez le negó la tutela y el embarazo avanzó tanto que ya era imposible practicarle el aborto.

El caso llegó a la Corte Constitucional, que en su sentencia no solo ordenó a la EPS indemnizar a la menor, sino que -y este fue el nuevo florero de Llorente con el procurador Alejandro Ordóñez- pidió también mantener el nombre de la niña en reserva y cualquier otro dato que diera pistas de quién se trataba. Para completar, la Corte también le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura que les informara a todos los jueces del país que en cualquier tutela sobre el caso se reservara también la identidad de la mujer que reclama el derecho a abortar.

La respuesta del procurador no se hizo esperar. El pasado 27 de marzo, le envió una carta al presidente de la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, diciéndole que la identidad de las mujeres no debe ser reservada para la Fiscalía y la Procuraduría, "sobre todo para el caso de los abortos que se practican cuando el embarazo es fruto de una conducta delictiva". Y por eso le pide a Correa que, otra vez, notifique de ello a los jueces del país. En otras palabras, con lo que pide el procurador, cualquier mujer que interponga una tutela reclamando el derecho a abortar estaría en la mira de la Fiscalía y la Procuraduría. Incluso, la niña de 12 años. Así, lo que en teoría se aprobó como un instrumento legal para que las mujeres puedan interrumpir el embarazo en casos críticos ahora se puede convertir en la mejor arma para perseguirlas.

Por ahora esta batalla no se ha dirimido. El magistrado Correa no atendió automáticamente la petición del procurador sino que le solicitó a la Corte Constitucional que le aclare el alcance de la sentencia. Y lo que se defina será clave, pues si se le da la razón al procurador, y las mujeres saben que por ir a interponer una tutela van a terminar perseguidas penalmente, ninguna irá ante un juez a reclamar el aborto.

Esta no es la primera batalla que se ha librado en los seis años. En otros episodios a la Corte Constitucional, y particularmente a los magistrados Humberto Sierra y Luis Ernesto Vargas, les ha tocado defender a capa y espada la posibilidad de que las mujeres puedan abortar en los tres casos permitidos. La cruzada que ha desplegado el procurador Ordóñez contra el aborto no solo lo ha llevado a pedir la nulidad sobre cada nueva decisión de la Corte, sino que incluso su delegada Ilva Miriam Hoyos entabló denuncia penal contra los magistrados Sierra y Vargas.

La Corte ordenó campañas de educación reproductiva en los colegios y la Procuraduría las boicoteó diciendo que estaba ordenando "campañas masivas de promoción del aborto". Hoy todavía no se han cumplido. La Corte prohibió la objeción de conciencia para jueces y hospitales, y el Procurador se vino lanza en ristre. Y por último, la Corte le ordenó a la superintendente de Salud notificar a todas las clínicas y EPS que no pongan talanqueras a las mujeres que pidan abortar y la Procuraduría no se demoró en replicar y pedir a la Superintendencia que corrigiera esa orden. El resultado de este arduo pulso es que de cada diez mujeres que piden abortar en esos casos solo a seis se les acepta. Eso sin contar las que ahora ya no se atreven a pedirlo. La batalla aún no termina.

 

CRECER CON PAPÁ… Y PAPÁ

 

El género no influye para ser buenos padres. Lo más importante es la calidad de la relación con los hijos

La paternidad de parejas homosexuales es un tema que levanta ampolla en la sociedad. Sin embargo, los estudios señalan que no afecta el desarrollo psicosocial de los hijos y los hace más tolerantes.

El caso reciente de una pareja de lesbianas de Medellín que interpuso una tutela para luchar por el derecho a adoptar a la hija biológica de una de ellas puso sobre el tapete nuevamente el polémico tema de si las parejas homosexuales pueden tener hijos. Esto hace parte de la lucha de la comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Travestis) por defender sus derechos, entre ellos, casarse legalmente y formar una familia. Sin embargo, en medio del debate que trae consigo el enfrentamiento ideológico, político y religioso en torno a este espinoso tema, la ciencia ha demostrado que los niños criados por parejas del mismo sexo no están en desventaja.

Luego de conocerse el caso de la pareja antioqueña, la Corte Constitucional le pidió a cuatro de las universidades más importantes del país (Javeriana, Nacional, Valle y Los Andes) que dieran sus puntos de vista con base en sus investigaciones al respecto. Todas coincidieron en que no existe evidencia científica que compruebe que el desarrollo psicosocial de los hijos de parejas homosexuales sea diferente. “Las madres lesbianas y los padres gay están en las mismas condiciones de proporcionar apoyo y ambientes saludables”, señala el informe presentado por la Universidad Nacional. La Universidad de los Andes, por su parte, afirma que la homosexualidad “no constituye un factor que explique las diferencias psicosociales de las personas”.

Lo anterior confirma algo que varios estudios internacionales han demostrado desde hace aproximadamente 30 años. Numerosas investigaciones han analizado las familias que no tienen la estructura tradicional de madre-padre-hijos y han concluido generalmente lo mismo. Los niños y adolescentes que se crían con parejas homosexuales son “igualmente saludables a nivel emocional, educativo y social que los que crecen en un hogar con papá y mamá”, como dijo a SEMANA

Michael Lamb, experto en paternidad y profesor de la Universidad de Cambridge, Inglaterra.

Hay varios temores infundados sobre la influencia negativa que puede tener ser criado por una pareja del mismo sexo, dado el estereotipo tradicional sobre la familia. En primer lugar, muchos creen que la orientación sexual puede verse afectada, pues al no haber un rol masculino o femenino en la casa, el niño puede sentir confusión. Sin embargo, la evidencia científica demuestra lo contrario. Por ejemplo, una investigación realizada por Fiona Tasker y Susan Golombok, psicólogos de la City University London, en el Reino Unido, reveló que la orientación sexual de los padres no influyó en la del niño. Más del 90 por ciento de un grupo de 25 jóvenes, que tenían en promedio 23 años y fueron criados por madres lesbianas o padres gay, era heterosexual.

Y aunque la mayoría de los estudios concluye que el desarrollo y comportamiento sexual de los hijos de homosexuales no difiere mucho de los que fueron criados por papá y mamá, se han encontrado ciertas diferencias. En una investigación publicada en Journal of GLBT Family Studies en 2008 se reveló que las niñas criadas por lesbianas muestran mayor interés por actividades masculinas, mientras que los niños evitan meterse en juegos bruscos. En otro trabajo publicado en la revista Sex Roles se afirma que los padres homosexuales que enseñan a sus hijos a tener actitudes más abiertas logran que no tengan los estereotipos de género que maneja la sociedad.

El estudio de la Universidad de los Andes coincide en este punto y señala que uno de los retos de la familia contemporánea implica que “los padres desarrollen roles de género parentales mucho menos estereotipados y diferenciados”. Según Manuel Velandia, investigador, activista y defensor de los derechos sexuales, la principal ventaja de crecer con parejas del mismo sexo es que estos niños aprenden a ser “respetuosos y tolerantes con las diferentes tendencias, no solo sexuales, sino también culturales, políticas e inclusive religiosas”, dijo a SEMANA.

Además de ser más abiertos a aceptar la diversidad, a la mayoría de los niños criados por homosexuales les va muy bien en el colegio. Así lo señala una investigación del sociólogo Michael Rosenfeld de la Universidad de Stanford, quien recopiló información del censo poblacional más grande que se ha hecho en Estados Unidos, realizado en 2000. En la muestra queda claro que tener padres del mismo sexo no es una desventaja educativa. “La estructura de la familia es un elemento poco determinante a la hora de medir el éxito académico”, afirma Rosenfeld.

Este es un punto clave del debate. Si bien es cierto que la institución familiar ha sufrido transformaciones, los expertos señalan que lo más importante es la calidad de la relación entre padres e hijos. “El género no determina la capacidad de ser buenos padres”, afirma Lamb. Y aunque es un hecho que ser criado por dos mujeres o por dos hombres es distinto, no existe evidencia de que la falta de uno u otro afecte el desarrollo de los hijos.

Ese es el caso de Zach Wahls, un joven norteamericano de 20 años criado por lesbianas. Wahls saltó a la fama en 2011 luego de ofrecer un breve pero emotivo discurso en un foro público en el que el comité judicial del estado de Iowa debatía la eliminación del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Wahls declaró que la orientación sexual de sus progenitoras no tuvo ningún efecto en su desarrollo. El joven es estudiante de Ingeniería de la Universidad de Iowa, obtuvo 99 por ciento en el examen de admisión universitaria ACT (American College Testing) y es dueño y operador de una pequeña empresa.

 

Fue tal la repercusión del discurso, que acumuló más de 18 millones de visitas en YouTube (el video político más visto en 2011), que Wahls decidió escribir un libro para contar su experiencia. Titulado My Two Moms: Lessons of Love, Strength and What Makes a Family, el libro salió a la venta en Estados Unidos hace un par de semanas. En él narra la historia de su familia conformada por Terri, su madre biológica, que quedó embarazada por inseminación artificial cuando era soltera, y Jackie, su pareja, a la que conoció cuando Zach tenía 4 años. Su hermana menor, Zebby, es hija del mismo donante y ambos han convivido con Terri y Jackie como cualquier otra familia. “Aunque la gente me decía que yo era diferente por tener dos mamás, el mayor reto fue pararme ante ellos y demostrarles que no valía menos que otros niños”, dijo Wahls a SEMANA.

Para que los hijos de parejas homosexuales no sufran problemas psicológicos, dicen los expertos, es importante que sus padres sean claros desde un principio sobre su origen y que los ayuden a lidiar con la discriminación o matoneo del que pueden ser víctimas en el colegio. Hay muchos casos como el de Wahls en el mundo y, a pesar de que no deja de ser controvertido que un niño sea criado por homosexuales, los estudios y ejemplos de vida dejan claro que “una familia se forma desde el amor y compromiso de sus miembros y no por su estructura”, concluye Wahls.

Esperanza, una amiga con una unión registrada en Notaría, quien ha vivido con su compañera por más de cuatro años, me ha comentado sobre el interés que tienen en ser madres, su duda está en si lo hacen por inseminación artificial o si se buscan un chico de confianza que les done sus espermatozoides, ya que su interés no es tener relaciones genitales con un hombre. Le solicité que me autorizara a responderle por medio de un post al respecto y ella, encantada, me expresó su acuerdo diciendo que pensaba que esto era lo correcto y una necesidad porque conoce a varias mujeres en una situación similar. He aquí mis comentarios.

Ser madre no tiene que ver con la orientación sexual sino con el profundo deseo de maternar. Por supuesto este aspecto ellas lo tiene resuelto. Me preocupa que muchas mujeres no se preñan sino que tienen embarazos. Se cree que es lo mismo, pero no, es bien diferente.

Preñar es el acto por el que se fecundar o hace concebir a la hembra, así que se habla aquí genéricamente de las hembras de cualquier especie. A diferencia de los animales no humanos, que no tienen conciencia de sus actos, las mujeres en principio pueden autodeterminarse, estar plenamente informadas y tienen el derecho sobre su  cuerpo.

Preñarse debiera ser un acto consentido, pero por desgracia no es así. Muchas mujeres tienen relaciones genitales fruto de la presión de la pareja de turno, incluso como resultado del exceso de alcohol, del uso de substancias psicoactivas; otras son vulneradas sexualmente, incluso por su pareja. Algunas más tienen actos genitales consentidos peno no por ello protegidos o desprotegidos a conciencia: olvidan tomar sus anticonceptivos, no son conscientes de su periodo menstrual, no tienen condones a mano, no saben decir que no, e inclusive confían en prácticas inapropiadas como la marcha atrás u otros métodos llamados “naturales”.

Cuando una mujer se preña y no lo desea, además tiene un embarazo. El diccionario de la RAE lo define como: “Impedimento, dificultad, obstáculo”. Con ello digo que cuando una mujer está embarazada es porque preñarse se ha con vertido en una carga difícil de asumir. En general una mujer que aborta, lo hace porque está embarazada y busca dar respuesta radical a su problema.

Algunas mujeres se preñan o embarazan como una manera de amarrar a un hombre, pero me preocuparía que una mujer lo hiciera para amarrar a otra mujer. Esto sería copiar una de las cosas más absurdas del modelo heterosexual de “construir una relación”.

El Derecho a Co-maternar o a Co-partenar es un acto en que las dos personas que deciden hacerlo, lo hacen con consentimiento informado, es decir son plenamente conscientes de las consecuencias de la toma de la decisión. No se es madre por unos días, se es para toda la vida; es una responsabilidad que tiene que ver especialmente con el futuro, con la necesidad de responder positivamente y con solvencia  a todos los satisfactores que significan calidad de vida para los hijos.

 

 

 

Cuando un bebé viene al mundo como resultado de un engañó, se vuelve víctima de un acto del cual no es responsable. Una situación que deriva en una relación cuyos cimientos tambalean y que bien en una situación de incertidumbre que termina afectando a los miembros de la pareja y especialmente a los hijos.

Los hijos deberían ser fruto del amor, no de la incongruencia afectiva y emocional. El amor debe ser la emoción que prime al momento de decidir maternar, porque cuando se ama no hay sacrificio, hay altruismo, benignidad, honestidad, respeto, solidaridad, cordura, prudencia. Cuando se ama el hijo es un auténtico otro.

Maternar exige responsabilidad y ésta está signada por la ética, la economía y el desarrollo intelectual necesarios para poder guiar de forma aceptada la educación de los hijos.

No es cierto que los hijos vengan con un pan debajo del brazo, mucho menos debemos confiar en que Dios proveerá, porque tantos menores viviendo en la calle lo que nos dicen es por un lado son el fruto de una absurda situación sexual, afectiva y emocional y por otra que Dios parece andar tan ocupado que no tiene tiempo para siquiera responder a las necesidades básicas de los millones de niños que mueren de hambre en el mundo.

No puedo decirte qué decidir sobre el método para preñarte, porque entiendo que esta debe ser tu decisión.

Si decides la inseminación probablemente tendrás dudas sobre quién es la fuente de los espermatozoides, y seguramente solo sabrás cosas generales como etnia, estatura, color de ojos; esto depende de la información que posea la institución a la que recurras. Si optas porque un chico te done el **bleep** debes ser alguien en quien puedas confiar plenamente. Antes de hacer acuerdos o contratos, debes averiguar claramente cuáles serías los derechos de la otra persona y los tuyos, y si de esos derechos se desprenden responsabilidades, cuáles son estas.

En conclusión, querida amiga, creo que tú posees lo que yo llamaría excelentes requisitos para ser madre porque encuentro en ti muchas buenas razones para serlo: no quieres embarazarte sino maternar; no lo haces para amarrar a tu mujer sino que preñarse es para ambas una acto consciente, libre y voluntario en el que juntas deciden co-maternar; veo en ti el amor a borbotones y el deseo de darlo todo por ese ser que aun sin haberse engendrado, ya amas; sé que tienes las condiciones económicas, la fundamentación académica y al experiencia de una relación de pareja que ha tenido que sobrellevar con orgullo las dificultades cotidianas del rechazo y la comprensión y que por ello, enseñarás a tu estirpe a ser respetuosa, solidaria y digna de sí misma.

Tal vez el único escollo que veo en este asunto es que tus hijos, por ahora, no tendrán los mismos derechos de los hijos e hijas de las parejas heterosexuales y que si la situación no cambia, tu bebé nacerá en una sociedad en la que será un marginal, un ciudadano de segunda clase al igual que tú.

Sé que tú has sido otra víctima de la iglesia, de la familia y de una parte de la sociedad, pero igualmente sé, que a pesar de ello eres una mujer que ha logrado estar en el rango alto de las mujeres de nuestro país porque autorizarse a ser lo que se desea estar siendo, a construir el amor en un ámbito de odio, a ser respetuosa y solidaria en un país en el que el conflicto interno y la “guerra mediática religiosa” incitan a la fobia, inquina, rabia y a la separación social, haberlo logrado es una demostración de tu fuerza interna y de tu capacidad de lucha.

¡Animo, se madre! que si todos los hijos nacieran en las condiciones en que una mujer lesbiana como tú, desea traer sus hijos al mundo, el futuro de nuestro país y el futuro del mundo estarían resueltos.

 

 Con amor, tu amigo de siempre.

 

P.D.: Lloro mientras escribo este post porque se la importancia del amor y doy gracias a la vida por el padre, la madre, los hermanos, las hermanas y la familia que tengo, porque ellos me han colmado de felicidad.

.

 

 

LA DESCUARTIZADA

 

Por María Jimena Duzán

 

La Constitución se nos volvió un papel que se puede reformar en beneficio propio y que puede ser manipulado por nuestra poderosa clase política.

Ver más artículos de María Jimena DuzánLa Constitución del 91 –o lo que quedaba de ella– va camino a morir de la forma más dolorosa: va a ser desmembrada viva por el establecimiento político colombiano a modo de escarnio público, para que el país entienda que ellos pertenecen a una casta superior a la cual no se le puede ni tocar con el pétalo de una rosa, mucho menos capturar o condenar.

 Ese es el mensaje que la clase política, sin duda la más poderosa de América Latina, le ha dado al país con la manera contundente como todos los partidos de la Unidad Nacional -La U, el Partido Liberal, el Partido Conservador, los Verdes, Cambio Radical y el PIN- aprobaron en la plenaria del Senado esta semana la polémica reforma a la Justicia.  

El primer efecto de esta reforma, si se aprueba como está saliendo del Senado, es que la parapolítica se acaba. La manera engorrosa como se planteó la doble instancia permite ese camino hacia la impunidad. Comparto con los congresistas que era un derecho de ellos la división entre la etapa de instrucción y la de juzgamiento, como también creo que era una petición más que lógica crear una doble instancia. Pero tal como quedó el andamiaje jurídico el resultado es demoledor porque se creó un procedimiento tan engorroso que va a impedir que la Justicia los pueda investigar, con lo cual la parapolítica se acaba.

No les sirvió a los políticos el que ya se estuviera aplicando desde 2008 la sentencia de la Corte Constitucional que ordenaba dividir entre la etapa de instrucción y de juzgamiento. Ellos querían más: querían sacarlas de la Sala Penal de la Corte y lo lograron. Hoy esa Sala Penal de la Corte ha sido cercenada en sus funciones y, aunque todavía no la han acabado, anda medio muerta. Sorprende que semejante decapitada no hubiera merecido ni siquiera una reacción airada del presidente de esa Sala, el magistrado Bustos, cuyo silencio es más que elocuente.  

El segundo efecto que tiene esta reforma a la Justicia es que frena todas las investigaciones por corrupción que se venían adelantando en la Corte Suprema porque las pone a caminar a un paso lento, que en el pasado siempre nos llevó hacia la impunidad. El desfalco a la salud y el saqueo al DNE, por hablar de los escándalos más sonados, van a ahogarse en ese mar de procedimientos complicados con los que de ahora en adelante se debe investigar, acusar y juzgar. De ahora en adelante, los congresistas que fueron los ponentes de la reforma a la Justicia y que están siendo investigados en este momento por la Corte en el tema del DNE pueden dormir tranquilos porque legislaron en causa propia y sin que nadie les pidiera cuentas. Dichosos ellos que no tienen vergüenza.

El tercer efecto es que la reforma también convierte en milagro las pérdidas de investidura. Ya no son un castigo fulminante como lo eran antes, sino que este control va a ser gradual. Para no hablar de la posibilidad que tienen los congresistas de votar sin declarar los conflictos de intereses.

Pero tal vez la más grave de todas estas gabelas es la ampliación del periodo de los magistrados de ocho a 12 años. Con esta decisión se le da un golpe mortal al sistema de pesos y contrapesos que estableció la Constitución del 91. Si es tan fácil cambiar los periodos de los funcionarios públicos, ¿por qué no de una vez le ampliamos el periodo del presidente Santos y salimos del tema ya? Si Yidis y Sabas hubieran sabido que se podía ampliar así el periodo de los funcionarios, no se habrían puesto en tantos trabajos para conseguir voltear a congresistas para favorecer la reelección del presidente Uribe.

La Constitución se nos volvió un papel que se puede reformar en beneficio propio y que puede ser manipulado por nuestra poderosa clase política, y la Corte Suprema de Justicia terminó haciéndose el haraquiri amangualándose con la clase política. Hace unos años, el entonces comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, dijo que el país no estaba listo para tanta verdad, refiriéndose a las implicaciones que podía tener la Ley de Justicia y Paz. El excomisionado se equivocó. El país sí está listo para la verdad. El que no lo está es ese poderoso establecimiento político, que ni quiere verdad ni quiere justicia. Y para lograr su objetivo, está descuartizando la Constitución del 91. Paz en su tumba.

 

CMI

 

LUCHA DE TITANES EN EL CONSEJO DE ESTADO POR LA INTEGRACIÓN DE UNA TERNA

 

El Consejo de Estado es escenario hoy de una lucha de titanes jurídicos y políticos para escoger la terna de candidatos que enviará al Senado para reemplazar al magistrado Juan Carlos Henao en la Corte Constitucional.

Henao, de formación progresista y liberal, se retiró para asumir la rectoría del Externado.

El asunto es este: la Corte Constitucional tiene dos grandes corrientes: la de izquierda y la de derecha.

Los de espíritu liberal son María Victoria Calle, Gabriel Eduardo Mendoza, Luis Ernesto Vargas, Jorge Iván Palacio y el mismo Henao, quien se retiró; en total, cinco, que son mayoría en una Corte de nueve. Los otros cuatro, que son de espíritu conservador, tienen también dos líneas: una de magistrados de derecha no radical, pero que son de pensamiento conservador y buenos juristas, como Nilson Pinilla y Jorge Humberto Sierra. Jorge Pretelt es de ultraderecha. El último de los cuatro de derecha es Mauricio González, exsecretario general de Álvaro Uribe.

Esa es una radiografía de la Corte actual, cuya mayoría liberal debe mantenerse por tradición histórica. Hay una lucha de titanes ante el Consejo de Estado, por imponer recomendados. Ahora Ana María les cuenta lo que está pasando.

Quiénes están detrás de los candidatos que se han inscrito para aspirar a la Corte Constitucional

El Consejo de Estado tiene una lista de 74 candidatos, de los cuales debe escoger 20 de aquí al martes.

El martes, con esos 20 magistrados, comenzará el descabezamiento para llegar a la terna final que propondrán al Senado. Vean quiénes están detrás de cada candidato: Ilva Myriam Hoyos: detrás está el procurador, Alejandro Ordóñez; obviamente, ultraconservadora.

Víctor Velásquez, evangélico y fanático religioso. Rubén Darío Henao tiene el apoyo del ministro Vargas Lleras. Nicolás Gamboa, socio de una las firmas de abogados de mayor facturación. Carlos Medellín, el de más palancas. Alexei Igor Julio Estrada es magistrado auxiliardel magistrado Humerto Sierra, conservador.

Alejandro Linares, candidato del expresidnete Samper. Myriam Ávila Roldán es magistrada auxiliar del magistrado Luis Ernesto Vargas, liberal progresista. Felipe de Vivero, también socio de abogados de gran facturación. Marta Patricia Ariza tiene el apoyo del procurador Ordóñez, ultraderecha. Gonzalo Ramírez es magistrado auxiliar del magistrado Juan Carlos Henao, liberal progresista. Alberto Rojas, candidato de Julio César Turbay júnior.

Clara Elena Reales, de pensamiento liberal progresista. Martha Victoria Sáchica, ultraderecha, hija de Luis Carlos Sáchica. María Cristina del Rosario Gómez, liberal progresista. Hay tres candidatos de gran extracción liberal, pero que desgraciadamente no podrán ser elegidos: Francisco Barbosa Delgado, Isabel Cristina Jaramillo y Magdalena Correa.

Los tres tienen menos de cincuenta años y si la reforma a la justicia en marcha se aprueba en la Cámara, tendrán ese impedimento.

La gente de pensamiento y filosofía liberal queda pendiente de la decisión del Consejo de Estado